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Boletín de prensa 29 de marzo de 2011
EL TIEMPO
CÁRCEL PARA EX DIRECTORA DEL IDU POR CARRUSEL DE CONTRATOS
La medida también afecta al ex director jurídico de esa entidad, Inocencio Meléndez.Así lo determinó la jueza séptima en la audiencia que se realiza en Paloquemao.
La funcionara judicial avaló la petición de la Fiscalía de ordenar la detención de Pardo y Meléndez porque se "afectaron bienes sagrados de la nación". Además, dijo que hay pruebas razonables de celebración indebida contratos.
Citó un informe del 2 de marzo pasado que señala que se aumentó el precio pero no el número de obras, lo que afectó los intereses de los ciudadanos.
"La directora del IDU había favorecido la apropiación de dineros del Estado por parte de terceros", dijo la jueza, quien le negó la solicitud de detención domiciliaria a la ex funcionaria, quien alegó tener una menor de 14 años a quien proteger.
Sobre Meléndez, la jueza dijo que como funcionario público del IDU tenía la obligación de vigilar el diseño de los proyectos de infraestructura. Recordó además que hay un memorando firmado por Mauricio Galofre, en el que Inocencio pide 50 millones de pesos.
A Meléndez también se le negó la detención domiciliaria.
En estos momentos, la jueza entra a definir la suerte del ex contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi.
Los tres ex funcionarios afrontan el proceso por el carrusel de la contratación en Bogotá.
La Fiscalía imputó contra los ex funcionarios los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales esenciales; interés indebido en la celebración de contratos; peculado por apropiación; cohecho propio; concusión y prevaricato por omisión.
La diligencia se cumple en una sala del segundo piso de Paloquemao, a donde han llegado decenas de personas a conocer la decisión de la jueza.
El juicio, que se esperaba concluyera el pasado viernes, se aplazó para hoy, luego de que la juez séptima señalara que era necesario evaluar la gran cantidad de evidencias presentada por la Fiscalía para determinar si les dictan medida de aseguramiento a los ex funcionarios.
Para enviar una clara advertencia de que "los corruptos que se han robado el país no triunfarán", la Fiscalía le había pedido a la Juez Séptima de Bogotá que enviara a la cárcel a los procesados.
Según la Fiscalía, el monto de los recursos embolatados por cuenta de la corrupción son unos 2,2 billones y el grado de afectación a la ciudad deben tener respuesta eficaz de la justicia.
"Convirtieron a Bogotá en la capital del carrusel de la contratación", enfatizó el fiscal.
En la pasada sesión el abogado Iván Cancino, defensor del destituido contralor Miguel Ángel Moralesrussi, alegó que la Fiscalía no logró evidenciar las actuaciones irregulares del ex contralor de Bogotá y que por lo tanto este no puede ser enviado a prisión.
El abogado argumentó que la Fiscalía no presentó ni siquiera los documentos para demostrar que Moralesrussi era el contralor de la ciudad en la época en la que se cometieron los presuntos hechos de corrupción.
Aunque es sabido que Miguel Ángel Moralesrussi sí era el entonces contralor, su defendido explicó ante la juez séptima de garantías que legalmente la Fiscalía debe demostrar que Moralesrussi ocupó ese cargo y que no basta con que ese hecho sea de conocimiento público.
"Cuando la Corte Suprema investiga los Congresistas, lo primero que hace es pedir una certificación de la cámara o del senado en donde se certifica que el investigado efectivamente es parlamentario, no basta con que todos los días salga en televisión", indicó el abogado.
Por su parte, José Fernando Mestre, defensor de Liliana Pardo, aseguró en una de las audiencias anteriores que las conductadas señaladas por la Fiscalía son contra el IDU y no contra su ex directora.
La acusación
El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Germán Pabón, consideró que son muy graves los hechos de corrupción en los que participaron los ex funcionarios y muy altos los montos que manejaron irregularmente y que afectaron a la ciudad y todos sus habitantes.
"Esas actuaciones irregulares merecen con urgencia una respuesta del derecho penal como lo es la pérdida de su libertad", aseguró Pabón en la audiencia de la semana pasada.
La Fiscalía pidió la medida de aseguramiento contra estos ex funcionarios, solicitud que fue respaldada por la Procuraduría y que está en manos de la juez séptima de Bogotá que debe darla a conocer en la audiencia de hoy.
Como parte de las evidencias, el fiscal investigador tiene la declaración que el ex contratista Miguel Nule entregó en Miami el 19 de diciembre pasado, en la que habla de las presuntas exigencias económicas que le habrían hecho los ex funcionarios del IDU para que pudieran obtener la obra de TransMilenio por la calle 26.
Igualmente reposan en el proceso los interrogatorios realizados al alcalde Samuel Moreno Rojas, a su secretario general, Yuri Chillán, al contratista Emilio Tapia y a una decena de ex funcionarios del IDU y de contratistas privados.
La investigación, que tiene más de 300 folios, busca establecer además la responsabilidad de otras 33 personas, entre ellas el alcalde Samuel Moreno.
NUEVO PULSO EN SENADO POR PROPUESTA DE CADENA PERPETUA PARA VIOLADORES
Es el segundo intento por llevar este tema a un referendo para que decidan los colombianos.
Mientras los miembros del Partido de 'la U', el conservatismo y el Partido Verde que integran la Comisión Primera del Senado lo avalan, los senadores del Partido Liberal y del Polo están en contra.
Se trata del segundo intento de la senadora del Partido Verde Gilma Jiménez de impulsar la aprobación del proyecto que contempla la convocatoria a un referendo para que los colombianos decidan si se les aplica hasta cadena perpetua a los violadores de menores de edad.
En este momento 17 de los 18 senadores que actualmente integran la Comisión Primera del Senado exponen sus argumentos, observados muy de cerca por Jiménez (quien pertenece a la Comisión Segunda).
La legisladora argumenta que esta vez el proyecto ya no tiene los dos vicios de trámites por los cuales la Corte Constitucional lo declaró inexequible en su primer trámite en el Congreso
"En primer lugar presentamos desde antes del debate el certificado financiero y en segundo lugar tenemos la certeza en el nuevo trámite de que no podemos cambiarle ni una sola coma", dijo Jiménez.
Según las cuentas que hasta el momento se tejen extraoficialmente a propósito de cómo se va a dar la votación del proyecto de ley de referendo, votarían a favor los cuatro senadores del Partido Conservador, cuatro de los cinco senadores de 'la U', el senador del Partido Verde y uno de los dos senadores del PIN. Esto le daría una votación total de 10 sufragios.
Los que votarán en contra, según lo han dicho, son los cuatro senadores del Partido Liberal y los dos del Polo Democrático.
En vilo se encuentra el sentido del voto del senador de 'la U' Roy Barreras, mientras que el senador del PIN Juan Carlos Rizzeto se excusó de asistir argumentando enfermedad.
DESPLAZADOS DE CÓRDOBA TENDRÁN DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
Registraduría hará campaña para que reciban sus registros civiles, tarjetas de identidad o cédulas.
Desde este martes y hasta el próximo viernes la Registraduría realizará el proceso de cedulación con la población desplazada en el sur del departamento de Córdoba.
De acuerdo con el organismo electoral, el proceso se llevará a cabo en el corregimiento de Saiza, en el municipio de Tierralta.
El objetivo de la campaña es que estas personas puedan acceder a los servicios de salud, educación, vivienda, tierras y subsidios a los que tienen derecho.
El proceso tiene el apoyo de otras entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Defensa.
La Registraduría realizó una campaña igual los pasados 17 y 18 de marzo en el municipio de Ayapel, también en Córdoba, en la que atendió a 272 personas.
EX JEFE JURÍDICO DE PALACIO FUE SOCIO DE ESPOSAS DE LOS NULE
Del Castillo, ex jefe jurídico del gobierno de Uribe entre octubre del 2007 y agosto del 2010.
Soy amigo de una de ellas pero no firmé nada ni giré un peso', dice Edmundo del Castillo.
El entramado empresarial del polémico Grupo Nule sigue extendiéndose y tocando a firmas y a personajes de todo nivel.
En un rastreo hecho por EL TIEMPO en registros de la Florida (EE. UU.), se encontraron tres empresas vigentes vinculadas a este clan, en una de las cuales aparece como miembro gestor Edmundo del Castillo, secretario jurídico del gobierno de Álvaro Uribe entre octubre del 2007 y agosto del 2010.
Se trata de la empresa Menugal LLC, constituida el 7 de septiembre del 2005 y cuya representante legal es Paula Galofre, esposa de Manuel Nule.
Junto a Galofre y a Del Castillo aparecen como miembros gestores Rina Mendoza (ex esposa de Miguel Nule) y Viviana Nule (hermana de Miguel).
El objeto de la sociedad, que aún sigue activa, es el de adelantar "cualquier negocio legal". Y le aparecen como domicilios dos direcciones en Bogotá: el apartamento 401 de la calle 72A No. 1-20 y la oficina 503 de la carrera 14 No. 93B-32.
'Nunca firmé nada'
Al ser consultado sobre su participación en Menugal LLC, Del Castillo le aseguró ayer a EL TIEMPO que no sabe de qué empresa se trata.
No obstante, manifestó que hace más de 10 años es vecino y amigo personal de Paula Galofre quien (en el 2005) le propuso conformar una empresa en EE. UU. para adquirir un apartamento, "pero la propuesta nunca se concretó", aseguró Del Castillo.
Y agregó: "Puede que se trate de eso, pero yo no recuerdo haber firmado nunca un papel al respecto o haber viajado a EE. UU. con ese fin. Voy a preguntarle a Paula de qué se trata". En todo caso, el ex jefe jurídico de Palacio fue enfático en señalar que nunca giró ni recibió un solo centavo.
Cuando se le preguntó por la coincidencia entre su permanencia en los registros de Menugal LLC -2006 y 2007- y sus vínculos con el Invías -entre 2005 y 2006-, en donde los Nule ganaron varios contratos, Del Castillo descartó cualquier relación.
"Tuve un cntrato (por 36 millones) para el análisis y el estudio legal de la Fase I del proyecto del túnel de La Línea, pero ese tramo piloto se lo ganó el grupo de los Olarte", explicó.
Y aunque su hermano Gabriel fue contratado posteriormente -entre el 2007 y el 2010- como asesor legal externo del Invías, también en el proyecto del túnel de La Línea, Del Castillo aclaró que esa adjudicación fue hecha por un comité evaluador: "Él no adjudica y ni sé quién se lo ganó".
La construcción del túnel fue entregada, en el 2008, a un consorcio en el que los Nule tenían alguna participación. Pero, tras el escándalo, vendieron su parte del negocio.
Del Castillo también aclaró que -como asesor jurídico del ICBF- no tuvo relación con la adjudicación de la interventoría a la distribución de la bienestarina a un consorcio en el que apareció una firma de los Nule, grupo que presentó varias propuesta para quedarse con ese contrato.
Y manifestó que su hermano Gabriel, hoy asesor jurídico externo del ICBF, le ha dicho que no se sabía que los Nule tenían participación en el consorcio, cuyo contrato fue adjudicado siguiendo procedimientos legales: "Me dijo que se lo ganaron en franca lid".
Al respecto, el ICBF ha manifestado que esa adjudicación tuvo el acompañamiento de la Procuraduría y del Programa de Lucha Contra la Corrupción de la Vicepresidencia. Y sobre el incumplimiento, el instituto dice que ya se tomaron las medidas del caso.
Al cierre de esta edición, EL TIEMPO no había obtenido respuesta de los Nule sobre este caso.
La defensa del abogado Álvaro Dávila
El abogado Álvaro Dávila refutó la versión de Mauricio Galofre, hombre de confianza de los Nule, quien señaló que Dávila exigió una comisión del 8 por ciento a los empresarios por la adjudicación de la malla vial. De ese total, según Galofre, 6 por ciento era para los "hermanos Moreno" y 2, para el Contralor Distrital. Dávila aportó las declaraciones de las uniones temporales adjudicatarias que prueban, a su juicio, que, revisada la contabilidad, no existió ningún cobro de él o de su firma, ni hubo pago por ningún concepto. Mostró la declaración del representante de Grandi Lavori Fincosit Spa, miembro de una de las uniones temporales con los Nule, donde aparece que el bono de éxito fue del 0,45 por ciento, y no del 8 por ciento.
Sobre las estaciones de gasolina, que al parecer serían para la esposa del senador Iván Moreno, hay tres testimonios de los empleados de los Nule a la Procuraduría que, a juicio de Dávila, difieren de lo dicho por Miguel Nule. Uno de ellos, Francisco Gnecco, ex gerente de la concesión Bogotá-Girardot, dijo que Dávila "no tuvo ninguna participación, realmente la idea fue liderada por mí y discutida por los accionistas, pero nunca con participación de Dávila".
HAY POCA COOPERACIÓN ENTRE FUERZA PÚBLICA Y RAMA JUDICIAL: MINDEFENSA
Rodrigo Rivera propuso proyecto de ley de defensa técnica a los miembros de la Fuerza Pública.
En el marco de la celebración del vigésimocuarto aniversario de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, compuesta por 6.698 policías, celebrada en su emblemática base, en San José del Guaviare, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, expresó su preocupación frente a la ausencia de coordinación entre las Fuerzas Públicas, el poder judicial y la Fiscalía.
"Es muy descorazonador ver que se captura en altamar a delincuentes, a narcotraficantes, que se incautan toneladas de coca y ver cómo después con cualquier argucia jurídica un funcionario judicial simplemente deja en libertad a los capturados", dijo el Ministro, recordando un caso ocurrido en San Andrés, que actualmente vive una ola de narcotráfico.
Como este caso, hay muchos más que están generándole esta preocupación. Por ejemplo, recordó el caso de un guerrillero del frente 30 de las Farc que tras ser capturado en un contundente golpe en Chocó fue dejado en libertad.
Así, explicó que dichas fallas de coordinación están resultando en una especie de "bicicleta estática, de puerta rotatoria, que no le sirve a nadie".
Por lo mismo, manifestó la importancia de un componente integral que abarque tanto a la Fuerza Pública como a la justicia, y que pueda "garantizar que se puedan doblegar estas bandas de narcotráfico".
Rivera afirmó que no descansará hasta entender las raíces judiciales que expliquen este tipo de eventos.
De la misma manera, durante el discurso, que dio tras la condecoración otorgada a los participantes de la operación 'Diamante' (dos de ellas póstumas a subintendentes que perdieron la vida el mismo día fue abatido 'Cuchillo', el 25 de diciembre del año pasado), anunció un Proyecto de Ley que se presentó al Congreso la semana pasada, el cual garantizaría la protección jurídica a los miembros activos, retirados o pensionados de las Fuerza Pública.
Esto, de tal manera que no deban verse obligados a "hipotecar o vender sus casas para pagar un buen abogado en caso de ser investigados por hechos ocurridos en el desarrollo de sus funciones constitucionales", dijo Rivera.
EL ESPECTDOR
PRIMEROS REPAROS AL REFERENDO DE PRISIÓN PERPETUA
En el primer debate al proyecto advirtieron que podría existir un vicio, pues se aplicarían penas desproporcionadas a los abusadores y agresores de menores.
En Colombia hay cerca de cuatro mil menores desparecidos o secuestrados
Este martes, en el debate al referendo de prisión perpetua para abusadores y agresores de menores, la iniciativa sufrió el primer revés.
Se conoció un posible error en el texto que fue consultado a los colombianos por parte de los promotores del referendo.
El senador Roy Barreras dijo que podría existir una aplicación “desproporcionada” de la pena de prisión perpetua para los abusadores.
Según él, el texto dice que “procederá” y no “podrá proceder” hasta la pena; lo cual implica que en muchos casos sin necesidad se aplicará esa pena.
“El error consiste en que serán castigados todos los delitos y no se especifica cuáles son esos delitos”, aseguró.
El texto original del referendo dice: “Con relación a los delitos de homicidio doloso, violencia y explotación sexual, maltrato severo y secuestro, cometido contra menor de 14 años o menor de edad con discapacidad física o mental, procederá la pena de prisión perpetua, de acuerdo con la ley”.
Barreras explicó que el texto del referendo no puede ser cambiado porque en el anterior trámite fue cambiado, provocando su declaratoria de inconstitucionalidad.
“Aquí lo fácil es acompañar esta noble causa pero lo difícil es cumplir con señalar los errores”, insistió el legislador.
Además del acceso carnal, existen otros delitos sexuales contra menores, que aunque merecen castigos, no pueden recibir castigos como la prisión perpetua.
“¿Qué es explotación sexual? Es también la inducción a la prostitución y la pornografía; y les sería aplicada la prisión perpetua”, explicó.
Liberales en contra
El Partido Liberal sentó posición frente al proyecto y se opuso al proyecto al considerar que en un Estado Social de Derecho no puede existir una pena de tal magnitud.
En la explicación, el senador Jesús Ignacio García, dijo que el ser humano sí puede ser susceptible al cambio, y la realidad es que en los centros penitenciarios no se está cumpliendo con el proceso de resocialización.
“Al aprobar el referendo estamos incluyendo una contradicción muy grande en la Constitución (…) el proyecto no es conveniente porque por ejemplo como pensar en aplicarle la cadena perpetua a un padre que le dé correa a un hijo, asumiendo maltrato severo”, señaló.
Polo también se opone
El senador Luis Carlos Avellaneda, a nombre del Polo Democrático Alternativo, hizo algunos reparos al proyecto de referendo.
Según él, “hay un error garrafal” dentro del texto que fue presentado a consideración del Congreso por parte de los promotores.
“Planear el delito de maltrato severo, que hoy no está tipificado en el Código Penal, luego mandaríamos a que castiguen a la gente por un delito que no está tipificado legalmente, con lo cual se está a su vez violando el artículo 29 de la Constitución”, explicó.
JUSTICIA ATACADA, CIUDADANÍA INDIFERENTE
Por: Rodrigo Uprimny
Deberíamos disfrazar a los jueces y juezas de lechuzas y tal vez así su asesinato podría conmover al país, me escribió indignado Diego Bolívar, un funcionario de la Escuela Judicial Lara Bonilla, tres días después del homicidio de la jueza Gloria Constanza Gaona en Saravena.
Y razón no le falta, pues la relativa indiferencia ciudadana frente a este asesinato contrasta con el gran despliegue que tuvo la reciente muerte de una lechuza por la patada de un futbolista.
Está bien que nos conmueva la crueldad contra un animal; pero, ¿no debería indignarnos más el homicidio de esta joven jueza, quien dejó huérfanos a sus dos niños de 14 y 6 años, y que todo indica que fue asesinada por ser una funcionaria digna y valerosa?
Su caso es además especialmente grave. Esta funcionaria tenía a su cargo el proceso contra un subteniente del Ejército por la violación de una niña y su asesinato, junto al de sus dos hermanitos en Tame, Arauca. Pocos días antes de su muerte la jueza negó la libertad al subteniente por vencimiento de términos, pues consideró que el atraso se debía a las tácticas dilatorias de sus abogadas, que forman parte de la “Defensoría Militar Integral” (Demil); y envío de copias de la actuación al Consejo Superior de la Judicatura para que investigara las posibles faltas disciplinarias de las abogadas.
Esas tácticas dilatorias son inaceptables como estrategia de defensa. Pero no es la primera vez que abogados de Demil son cuestionados por los jueces por recurrir a esos mecanismos. La junta directiva de Demil, en donde participan altos mandos castrenses, debería entonces instruir a sus abogados para que no torpedeen así la labor de la justicia.
Estas circunstancias generan además sospechas sobre el posible vínculo entre el asesinato de la jueza Gaona y el proceso contra el militar. Ojalá no sea así. Es importante que la Fiscalía identifique rápidamente los autores materiales e intelectuales de este terrible crimen.
El asesinato de la jueza Gaona es entonces triste y grave. Pero igualmente triste y grave es la indiferencia ciudadana frente a este homicidio y, en general, frente a la intensa violencia contra los funcionarios judiciales en Colombia.
El Grupo de Memoria Histórica, en su informe sobre La Rochela, documentó hechos de violencia contra 1.487 funcionarios de la Rama Judicial entre 1979 y 2009 cometidos contra funcionarios judiciales que, como la jueza Gaona, sólo intentaban hacer una cosa: justicia.
Esta violencia contra la justicia, que en Colombia ha alcanzado intensidades como en pocos países del mundo, no parece, sin embargo, conmover a la ciudadanía, como si ésta pensara que se trata de un problema exclusivo de los jueces o de la Rama Judicial.
Pero no es así: cada vez que un juez sufre violencia y la sociedad tolera ese hecho, es menor la posibilidad de que la justicia se ejerza en forma eficaz e independiente. En este caso específico, la muerte de la jueza Gaona y las amenazas contra los testigos incrementan los riesgos de impunidad del crimen atroz contra los tres niños de Tame.
Son pues los derechos de todos y todas los que están en riesgo, cada vez que los jueces están en riesgo. Por eso, como ciudadanía, deberíamos movilizarnos para exigir protección para nuestros jueces y juezas, y para que los crímenes en su contra no queden impunes. Debemos exigir justicia y protección para la justicia, si queremos que haya protección y justicia para nosotros.
Adenda: Porque no podía dejar de hablar de este hecho atroz, dejo para el blog en “La Silla Vacía” la respuesta al importante debate sobre la acción afirmativa que han planteado las columnas de Héctor Abad sobre el tema, a partir de los resultados del Observatorio de Discriminación Racial.
EL NUEVO SIGLO
CONTRADICCIONES DE LA POLÍTICA CRIMINAL
EL proyecto de Ley de Delitos Menores que actualmente cursa en el Congreso no puede ser motivo para la impunidad. Por el contrario, el país requiere cada vez con más ahínco un Estado fuerte que sea capaz de sancionar las conductas punibles y no evadir esa responsabilidad cambiando las tipificaciones o las sanciones.
Permitir que los delitos contra la propiedad privada por una suma inferior a diez salarios mínimos, es decir, menos de seis millones de pesos, sean excarcelables, no es bueno. Ha dicho el Viceministro de Justicia que no se deben establecer grandes penas para delitos de menor impacto, pero resulta un estropicio, cuando el hurto campea por todas partes, dejar que ello sea excarcelable o incluso asociarlo casi con una contravención.
Es evidente que las pequeñas causas deben tener un tratamiento diferente, pero este país, desde los años 50, se ha venido acostumbrando a convertir los delitos, por su monto o menor impacto, en simples contravenciones. Así se ha hecho para producir una descongestión judicial anómala y asimismo para liberar las cárceles. Pero no necesariamente es una política aconsejable. Es más, pese a haberlo hecho tantas veces, resulta truculento y no muestra una mejora en la Justicia.
Por el contrario, Colombia vive un estado contravencional permanente y no es más sino mirar el cúmulo de contravenciones cometidas para declarar al país en estado de alerta desde el punto de vista social. Es paradójico que por un lado se fortalezca la acción del Código de Policía, pero por el otro se muestren laxitudes incomprensibles.
El problema en Colombia es que no se adopta una política criminal coherente, sino que ella está hecha de colchas de retazos, y eso hace que el ciudadano pierda orientación. La delincuencia, antes de los asesinatos o el narcotráfico, comienza en la base. Y si allí no se sanciona y educa debidamente, con las cárceles de mediana seguridad concomitantes, después el problema se vuelve mayor, como viene ocurriendo desde hace medio siglo
LA ETERNA INDEFENSA
Por HUGO QUINTERO BERNATE
“Como siempre han aparecido las mismas disculpas rutinarias”
OTRA vez, como hace 10 meses, como hace un año, como hace dos, como hace 25, como siempre, asesinaron un Juez. Más exactamente a una jueza: a la doctora Gloria Constanza Gaona Rangel, Penal del Circuito de Saravena (Arauca). También como siempre han aparecido las mismas disculpas rutinarias de quienes hoy ejercen las funciones que antes desempeñaron otros que también dejaron matar a otros jueces.
No he podido parar la cuenta de las columnas que he escrito para protestar por las amenazas contra los jueces, por la eliminación física de otros -la más reciente ocurrió en abril de 2010- o por la descalificación criminalmente instigadora de la judicatura a la que un ex presidente, ahora “twittero”, dedicó sus 8 años de gobierno, tarea a la que continúa dedicado junto a sus más connotados aláteres.
Sin embargo, la dureza de la tragedia más reciente o el vacío y la frustración que produce conocer la dolorosa facilidad con la que actuó el sicario, no impiden advertir cambios en el ambiente que pueden ser el anuncio de nuevas actitudes en la dirección del Estado con respecto a la judicatura. La presencia del Vicepresidente de la República y de otros altos dignatarios de la Rama Ejecutiva y de las FF.AA. en el funeral de la jueza asesinada, contrasta con la indiferente ausencia del Gobierno pasado. La protección también se hace de actos simbólicos.
Y en ese simbolismo, importa destacar la propuesta de los jueces de Bogotá: “Que la seguridad de los jueces se asuma por una agencia independiente, económicamente fuerte e institucionalmente comprometida con la Rama Judicial”. Aunque la idea fue equivocadamente interpretada por algunos medios al informar que los jueces estaban reclamando “protección privada”, su formulación parece perfectamente lógica.
Hoy los jueces carecen de una estructura de protección independiente, con dirección, mando y responsabilidad unificada. Y sobre todo con directivos que entiendan la dureza de administrar justicia. El Consejo Superior tiene una oficina de seguridad a cargo de un Coronel (r.) cuya hostilidad contra los jueces que piden protección es proverbial. Y si alguno tuviera la fortuna de superar su filtro, el Consejo sólo puede asumir la logística del esquema de seguridad -carros, motos, etcétera- y le toca rogarle a la Policía Nacional –DIPRO- el suministro de personal especializado. El problema es que una y otra institución siempre andan cortas. El Consejo de presupuesto y la Policía de hombres. Y nadie explica, por ejemplo, cómo se hace cuando la fuente del riesgo son procesos contra ex oficiales de ésta u otra institución armada.
El Gobierno siempre alega falta de presupuesto. Pareciera como si alguien en su cúpula hubiera tomado la macabra decisión de que es más barato pagar las indemnizaciones por los jueces muertos que asumir el costo de mantenerlos vivos.
Deben ser los mismos tecnócratas que decidieron que era mejor regalarles la plata a los empresarios ricos, que proteger a los campesinos pobres.
CARACOL RADIO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NOMBRA NUEVOS MAGISTRADOS PARA JUSTICIA Y PAZ
Un total de nueve magistrados para Justicia y Paz decidió nombrar la sala plena de la Corte Suprema de Justicia que se reúne de manera extraordinaria en el municipio de Girardot, Cundinamarca.
Los nuevos magistrados ocuparán sus posiciones en las siguientes ciudades:
Bogotá
-Teresa Ruiz, actual secretaria de la Corte Suprema de Justicia
-Alexandra Valencia, ex directora de asuntos especiales de la Procuraduría General de la Nación.
Barranquilla
-Diana Lucy Mitola
-María Estela Jara
-Gustavo Roa, ex -fiscal especializado durante la gestión de Mario Iguarán Arana, en la Fiscalía General de la Nación.
Medellín
-Juan Cárdenas
-Rubén Darío Pinilla
-Consuelo Jaramillo
Bucaramanga
-Carolina Rueda Rueda, actual secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad.
Durante la sesión que se cumple en medio de un absoluto hermetismo en un exclusivo hotel de la veraniega población cundinamarquesa, los magistrados decidieron aplazar la designación de la terna para escoger el nuevo Auditor General de la Nación, cuya elección realizará el Consejo de Estado.
LA IGLESIA CATÓLICA NO ACEPTA QUE EL GOBIERNO ENTREGUE ABORTIVOS
La Iglesia Católica se mostró en total desacuerdo con la inclusión de un medicamento abortivo dentro del Plan Obligatorio de Salud.
Monseñor Juan Vicente Córdoba, secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia, se refirió al estudio que hace la Comisión de Regulación en Salud, CRES, para incluir el Misoprostol, utilizado para suspender el embarazo en el POS.
El religioso dijo que el aborto sigue siendo un delito en Colombia y por tanto el Gobierno no puede fomentar procedimientos abortivos.
Para el religioso, aunque esté despenalizado en tres casos especiales, no se debe promover.
"Primero no estoy de acuerdo que el Gobierno en concreto empiece a dar por el POS abortivos, como ese Misoprostol, que es un abortivo impresionante incuso cuando no se logra hacer el niño nace con malformaciones", explicó el religioso.
Monseñor Córdoba sigue promoviendo la recolección de firmas para apoyar un añadido al artículo 11 de la Constitucional Nacional donde se consagre el derecho a la vida desde el mismo momento de la concepción.
Gobierno incluiría dentro del POS medicamento que permite interrumpir el embarazo
En abril el Gobierno incluiría al Plan Obligatorio de Salud, POS, el medicamento que permite interrumpir el embarazo.
La Comisión Reguladora en Salud analiza consideraciones técnicas, jurídicas y éticas para incluir en el Plan Obligatorio de Salud, tres nuevos medicamentos entre ellos, el Misoprostol, utilizado para la práctica de abortos.
El comisionado Gustavo Bravo señaló que si entra al POS, el medicamento será entregado por las EPS, sólo con autorización del ginecólogo y para pacientes contempladas en los tres casos excepcionales autorizados por la Corte Constitucional.
"Ya es un tema de salud pública que lo estaríamos habilitando sólo para los tres usos que señala la Corte Constitucional para la suspensión voluntaria del embarazo", indicó.
Una vez autorizado la red de prestadores de servicios de salud, puede ordenar su uso, pero bajo prescripción médica especializada.
Los otros dos medicamentos son el alendrónico ácido, empleado en pacientes post-menopáusicas para evitar fracturas y el clopidogrel, usado en personas con enfermedad coronaria.
REVISTA SEMANA
LA U RECLAMA AL GOBIERNO: ¿DÓNDE ESTÁN LAS REFORMAS SOCIALES?
Javier Casella - SIG El presidente Juan Manuel Santos presentó una nueva agenda de proyectos al Congreso. La U reclama que no hay iniciativas de caracter social.
Once proyectos conforman la nueva agenda que el Gobierno pondrá en consideración del Congreso. Diez son de autoría del Ministerio del Interior y podrán colapsar las comisiones primeras.
A la congestionada agenda de proyectos que tiene el Congreso, el presidente Juan Manuel Santos le sumó once iniciativas que van a hacer más dilatado el trabajo del legislativo.
Santos, en presencia de varios sectores políticos, pidió al Congreso su concurso para contar con estos instrumentos legales. Incluso, para motivar el trabajo de los parlamentarios, señaló al Legislativo como “la sexta locomotora”.
“Así se ha comportado el Congreso de la República, como una sexta locomotora, que nos ha permitido el avance de las otras que impulsamos en el Gobierno, y estoy seguro de que seguirá marchando a todo vapor”, dijo Santos al presentar su ambiciosa agenda para el presente semestre.
Sin embargo, en el partido de Santos, La U, la ‘nueva agenda’ no cayó de la mejor manera. Porque las principales reformas con las que el mandatario se comprometió en campaña tenían mayor carácter social, mientras que las prioridades, de momento, se las están llevando otras iniciativas que, al parecer, o por lo menos para este partido, no estaban tan subrayadas en el llamado manifiesto de la ‘Prosperidad Democrática’.
Además, en la agenda de nuevas prioridades es visible la marcada influencia del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, pues de la ‘nueva agenda’, diez proyectos pertenecen a esta cartera, la más activa en cuanto a proyectos de ley, y el otro, al de Defensa, como es la ley de inteligencia y contrainteligencia.
El snador Roy Barreras, codirector de La U, le dijo a Semana.com que esta nueva agenda tiene “algunos vacíos” porque sigue adoleciendo del impulso hacia las grandes reformas sociales.
“A nosotros, y al presidente Santos, nos eligió el país para hacerle frente al desempleo. La economía creció pero el desempleo volvió a subir. No basta con una ley de primer empleo. Se necesita una gran reforma laboral porque a eso que nos comprometimos en campaña, empleo, empleo, y más empleo, no lo estoy viendo en el afán reformista del nuevo gobierno”, dijo Barreras.
El senador de La U calificó de útiles las iniciativas presentadas por el Gobierno, pero advirtió que son solo del ministerio del Interior. “El impulso reformista no se puede quedar en códigos y reformas al Estado”.
Otro tema que puede preocupar es que esta nueva agenda podría generar un trancón pues la mayoría de proyectos concentrarán la ocupación de las comisiones primeras, que, además, deberán dar segunda vuelta a las reformas constitucionales, dar el impulso final a la ley de víctimasy seguridad ciudadana, y que tendrán que ocuparse de la nueva ley de inteligencia.
Juan Lozano, presidente de la U, le dijo a Semana.com que hay un compromiso por escrito, en la Mesa de la Unidad Nacional, para dar igual prioridad a los proyectos sociales. Uno de ellos, la creación de 500 mil viviendas.
“En los informes escritos de la coalición son proyectos absolutamente priorizados y el compromiso se mantiene”, dijo Lozano, a pesar de que en dos anuncios públicos el presidente Santos no los haya mencionado.
La nueva agenda
Estos son los once proyectos que esta semana serán radicados por el gobierno en el Congreso.
Proyecto de ley inteligencia y contrainteligencia
Se trata del mismo que el Presidente Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa, radicó y que fue aprobado por amplias mayorías en el Congreso, y que luego fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, por asuntos de procedimiento.
El proyecto establece los fines legítimos y los límites de las labores de inteligencia. Define las funciones y limita los alcances de los organismos de inteligencia.
Se impondrán restricciones a seguimientos ilegales.
La iniciativa propone -entre otros aspectos- ‘limpiar’ las bases de datos de inteligencia, para excluir a cualquier ciudadano que esté allí por la simple razón de su pertenencia a un sindicato, a una organización de derechos humanos o a un partido político
La depuración de estas listas la realizará una comisión presidida por el procurador general de la nación.
Se establece mayor protección para agentes de inteligencia que participen de operaciones encubiertas a organizaciones ilegales.
Se le otorga más herramientas a la comisión del Congreso que hará control a la inteligencia del Estado y tendrán acceso al control y fiscalización de los gastos reservados.
Código Penitenciario y Carcelario
Contempla que los servicios de vigilancia interna -así como la administración de los centros penitenciarios- puedan ser contratados con particulares.
En el nuevo estatuto quedará consignada la obligación de las autoridades de implementar dispositivos para interrumpir comunicaciones ilegales (bloqueos de señal).
También busca fortalecer el sistema de vigilancia electrónica para los permisos de 72 horas y 15 días, que hoy se conceden sin ningún tipo de control.
Una de las nuevas disposiciones de esta iniciativa busca eliminar los traslados de internos para que cumplan diligencias judiciales.
Si el Congreso así lo determina, se establecerán como obligatorias las audiencias virtuales desde las cárceles. Según Juan Manuel Santos, un operativo de traslado, además de los riesgos ante posibles fugas, le cuesta al estado 100 millones de pesos y en casos supera los 200 millones cuando involucra a presos de más alta peligrosidad.
Reforma al régimen departamental
El propósito de esta reforma es dotar a los departamentos de un régimen político y administrativo que sea útil para su gestión, que los fortalezca y que impulse una descentralización efectiva.
La ley les dará a los gobernadores la responsabilidad de la prevención y la atención del riesgo para casos de emergencia, como la ola invernal.
Les dará, entre otras, la función de armonización de los planes de ordenamiento territorial municipales.
El proyecto también crea una regulación especial para departamentos de frontera, de manera que puedan convenir programas de cooperación e integración fronteriza con entidades territoriales de países vecinos, para impulsar el desarrollo sostenible, la prestación de servicios públicos, la protección del medio ambiente y la ejecución de obras públicas.
Reforma del régimen municipal
Este proyecto busca evitar desorden en la conformación política del territorio nacional. También endurece los requisitos para crear nuevos municipios, de manera que se tenga en cuenta su viabilidad fiscal e impacto político en la gobernabilidad territorial.
Uno de esos requisitos (para crear un nuevo municipio), por ejemplo, es el número mínimo de habitantes, que pasaría de 14 mil a 18 mil.
En concordancia con el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, se amplía el concepto de la asociación de municipios para que abarque la integración de sus respectivos planes de desarrollo en un modelo de planificación integral conjunto.
El presidente de la República aclaró que la reforma a las contralorías departamentales y municipales no irá en estos proyectos porque quedará incluida en el Estatuto Anticorrupción, que ya está haciendo trámite en el Congreso.
Derechos de autor
Busca ampliar la tipificación del delito de violación a los derechos patrimoniales de autor. La pena hoy es de 4 a 8 años de prisión, pero está limitada a la piratería de obras físicas; es decir, libros y discos compactos de música y películas que, por ejemplo, se vendan en la calle.
Este proyecto apunta a sancionar en igual medida a quienes ‘pirateen’ obras no digitales, es decir, a quienes comercialicen este tipo de material a través de las redes informáticas.
La ley regulará la responsabilidad de las empresas que prestan servicios en Internet, pues sus redes son las que usan los piratas.
Voluntariado
Con esta iniciativa se busca crear el Sistema Nacional de Voluntariado para articular los esfuerzos de la Defensa Civil, la Cruz Roja y los Bomberos. Ellos son el cuerpo de Primera Respuesta a las emergencias o calamidades.
Estos voluntarios tendrán algunos beneficios en educación, en subsidios de vivienda y programas de vivienda de interés social, y quienes no están afiliados a salud, quedarán incluidos en el régimen subsidiado.
Reforma al Sistema Nacional de Bomberos
La idea es consolidarlos como una institución sostenible. “No podemos tener unos bomberos que vivan de rifas y de bingos”, declaró el Jefe de Estado.
El proyecto pretende aumentar recursos del Fondo Nacional de Bomberos, que se alimenta actualmente del uno por ciento de las pólizas contra incendios.
Los municipios, además, quedarán obligados a establecer un rubro para su cuerpo de bomberos.
Código General del Proceso
Esta iniciativa responde a la exagerada lentitud con que se tramitan los procesos judiciales en Colombia. Dicho Código contribuirá significativamente a corregir ese cuello de botella y aplicará para procesos civiles, comerciales, agrarios y de familia.
No sólo prevé la oralidad. El proyecto contempla que sólo sea escrita la etapa inicial de la demanda y la contestación; el resto deberá ser oral, es decir, la audiencia para la práctica de pruebas, la audiencia del fallo y la misma sentencia.
La idea del gobierno es que los procesos no se demoren cuatro años, como en general es el promedio, y que puedan ser resueltos en menos de uno.
Estatuto de registro de instrumentos públicos
El proyecto establece que, en tres años, la Superintendencia de Notariado y Registro sistematice todos los folios de matrícula inmobiliaria. Esta medida servirá para tener mayor control y protección de la información relacionada con la propiedad inmueble.
El estatuto también busca ponerle ‘tate-quieto’ a quienes se apropian de terrenos baldíos -en algunos casos teniendo como cómplices a autoridades de registro-. Eso ha sido posible porque el Estado no tiene un sistema de identificación de esta clase de predios.
Este nuevo estatuto también implementa el concurso de méritos para quienes quieran acceder a las oficinas de registro, similar al concurso ya implementado en materia de notarios.
Jueces de paz
Los jueces de paz son a los que se acude para resolver conflictos por cuantías inferiores a 100 salarios mínimos, susceptibles de transacción y conciliación.
Los jueces de paz -si bien existen desde 1999- no han alcanzado logros significativos.
La propuesta del gobierno es rediseñar el sistema, de manera que tengan un papel más relevante en la resolución de conflictos.
El proyecto de ley prevé que los jueces de paz sean elegidos por concurso de méritos, lo cual permitirá eliminar el sistema de elección popular que ha sido nocivo e inoperante.
Estatuto Arbitral Nacional e Internacional
Será un instrumento de descongestión judicial. El proyecto exige que los árbitros se desempeñen en una sola materia, demostrando conocimiento especializado a través de sus estudios y experiencia laboral.
Además, prevé que sean elegidos por sorteo público, como medida de transparencia en la designación de árbitros para asuntos en los que intervenga el Estado.
EL HERALDO
LA CORTE SUPREMA ALISTA SUS LANZAS
Análisis por Oscar Montes
El martes pasado, un fuerte rumor se tomó los pasillos del Congreso de la República y llenó de pánico a varios congresistas que están a la espera de que la Corte Suprema de Justicia les defina su situación jurídica, pues están encartados en el proceso conocido como la parapolítica.
Al finalizar la semana, el alto tribunal solo se pronunció en el caso del exsenador Miguel Pinedo Vidal, a quien ordenó capturar por sus presuntos vínculos con el jefe paramilitar Hernán Giraldo. No obstante, es evidente que el ambiente en el Congreso está pesado y ello tiene con los nervios alterados a un buen número de congresistas, a quienes ronda el fantasma de una captura por parte de la Corte Suprema de Justicia.
El Congreso colombiano es probablemente el único del mundo que tiene que trabajar en medio de la zozobra de la persecución judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia, conforme a la cual un parlamentario puede estar en plena sesión y ser capturado por cuenta de una orden librada por ese alto tribunal.
Esa situación es única en el mundo, y no es del caso explicar aquí las razones históricas que nos llevaron a la abolición de la inmunidad parlamentaria, pero lo cierto es que ninguna otra democracia permite que sus parlamentarios sean capturados sin autorización previa de la corporación.
Y no es que falten razones para adelantarles procesos penales, e incluso para capturar a los congresistas colombianos, pero sumada la indelicadeza de algunos de ellos y la extrema ligereza con que la Corte Suprema emite órdenes de captura, parece imposible lograr que el Congreso sesione tranquila y armónicamente.
Probablemente sea por la mala fama que los congresistas se han encargado de crear, o por la evidente carga que los medios de comunicación tienen en su contra, pero lo cierto es que en Colombia se justifica cualquier ataque contra miembros de la clase política. Por ahí derecho, el país celebra evidentes abusos judiciales por el simple hecho de cometerse contra congresistas, cuando es indudable que esos precedentes que la Corte sienta hoy contra aquellos, se pueden extender mañana contra otras capas de la sociedad, o incluso se pueden devolver contra los propios magistrados de la Corte Suprema.
Pero, independientemente de la mala opinión que se pueda tener de algunos parlamentarios, es importante no dejarnos llevar de esa impresión para terminar horadando la independencia y autonomía de un organismo que es vital para la democracia. Acabar con el Congreso a punta de órdenes de captura no es una idea feliz y no le conviene a nadie.
¿Cuáles son los casos que está por resolver la Corte Suprema y en qué estado se encuentran algunos de ellos? ¿Cuáles son las declaraciones más recientes que tienen en apuros a más congresistas a quienes la Corte Suprema, seguramente, vinculará a nuevos procesos? ¿Qué tan determinante ha sido la confesión de alias El Tuso, para reactivar la llamada parapolítica? Aquí algunos de ellos.